A menos de dos años de la elección por la gubernatura, la oposición en Sinaloa sigue sin aparecer en el radar ciudadano como una real alternativa de cambio. Es, al menos, la fotografía del momento.

No hay rostro claro, no hay proyecto reconocible y, peor aún, no hay una narrativa capaz de conectar con un sector social que observa con creciente desencanto el rumbo que la 4T le ha impuesto al país y al estado.

Los partidos que se autodenominan “opositores” lucen desdibujados, fuera de agenda y divorciados de la conversación pública. Más que confrontar al poder o construir una opción competitiva, actúan como comparsas del sistema: navegan con la corriente, esperan que lleguen los tiempos políticos y se conforman con sobrevivir, no para ganar elecciones, sino para mantener posiciones de privilegio y seguir pegados a la ubre presupuestal.

Mientras tanto, el malestar social que existe frente a Morena no encuentra cauce político. La inconformidad está ahí en muchos ciudadanos, pero los partidos opositores no han sabido leerla ni articular un discurso coherente que permita convertir ese descontento en una fuerza electoral. Siguen anclados en lógicas del pasado, sin entender que su rol hoy exige mucho más que administrar derrotas.

En el PRI, por ejemplo, la baraja no se mueve. Paloma Sánchez y Mario Zamora continúan apareciendo como las casi únicas alternativas partidistas, como si el tiempo se hubiera detenido. La actual dirigencia, con César Emiliano Gerardo y Liliana Cárdenas al frente, intenta imprimirle dinamismo a lo que queda de las estructuras tricolores, pero la realidad es implacable: el PRI como marca está severamente desgastado, prácticamente en fase terminal, y sus antiguos brazos políticos, como la CNC y la CTM, hoy no pasan de ser simples membretes.

El PAN no ofrece un panorama distinto. Las mismas caras de siempre: Roxana Rubio o Eduardo Ortiz, este último ya curtido en varias batallas electorales sin resultados contundentes. No hay renovación, no hay inclusión, no hay una propuesta que entusiasme más allá de los círculos internos del partido.

Movimiento Ciudadano, que a nivel nacional se ha posicionado como el partido opositor emergente con mayor crecimiento, en Sinaloa ha desperdiciado esa inercia. Las disputas internas y su evidente subordinación al grupo en el poder lo han relegado como opción electoral. 

Bajo la conducción de Sergio Torres, el partido naranja no ha logrado consolidarse como una fuerza verdaderamente opositora; por el contrario, en el estado parece más atento a las directrices que emanan de Palacio de Gobierno que a la construcción de un proyecto propio.

El caso del PAS es todavía más crítico. Sin el soporte de la UAS y sin la figura de Héctor Melesio Cuén, el camino parece conducir, tarde o temprano, a la desaparición. Robespierre Lizárraga intenta mantener con vida al partido recurriendo incluso a políticos de otras fuerzas que abandonan sus filas y buscan refugio en el otrora poderoso Partido Sinaloense, hoy muy lejos de su mejor momento.

La gran incógnita es si al menos serán capaces de construir una alianza opositora amplia que eleve mínimamente las expectativas de competencia en 2027. Canales de negociación existen, pero no hay acuerdos concretos. Todos quieren su tajada del pastel, aunque el pastel sea cada vez más pequeño.

En paralelo, desde la sociedad civil y el sector empresarial comienzan a emerger liderazgos con peso propio, pero la mayoría no está dispuesta a poner su capital social y económico al servicio de los políticos de siempre: esos acaparadores compulsivos de posiciones plurinominales que se blindan en el presupuesto público a costa de las derrotas.

La oposición en Sinaloa va tarde, muy tarde, en la construcción de un proyecto real de alternancia. Hoy, si las elecciones se celebraran de nuevo, no hay duda de que Morena arrasaría en el escenario electoral.

¿Cambiará algo de aquí al 2027? Ya lo veremos.

La presencia del gobernador Rubén Rocha Moya en Ahome en el incipiente 2026 dista mucho de ser un gesto protocolario. En política nada es casual y menos cuando el calendario ya empieza a marcar el ritmo de la sucesión rumbo al 2027.

Que la primera conferencia Semanera del año se haya realizado desde el salón de Cabildo de este municipio es, en sí misma, una señal.

Ahome es, desde hace años, uno de los municipios más politizados de Sinaloa. No solo por su peso económico y social, sino porque ahí se gestaron y siguen operando proyectos de poder que hoy buscan disputar el control político del estado, ya sea desde Morena o desde la oposición. Es la cuna de un grupo que, con distintas máscaras y coyunturas, ha sobrevivido por más de dos décadas.

Hablamos del bloque político donde han confluido el exgobernador Mario López Valdez y el desaforado alcalde Gerardo Vargas Landeros. Dos figuras distintas, pero unidas por una misma ambición: mantenerse vigentes en la lucha por el poder.

Malova, aunque se mueva públicamente en escenarios sociales, empresariales y deportivos, no convence a nadie —y menos en el tercer piso de Gobierno— de que esté políticamente inmóvil. En Palacio lo ven operando, midiendo, intentando reconstruir un proyecto con miras al 2027. Hay quienes incluso especulan que podría intentar reaparecer en una boleta electoral. Puede sonar descabellado, pero en política hay una máxima que nunca falla: nadie está muerto hasta que muere de verdad.

El caso de Gerardo Vargas Landeros es todavía más complejo. Aunque fue desaforado en mayo de 2025 y enfrenta varios procesos penales que lo han marginado de la escena pública, sigue siendo un actor con peso específico. Tiene grupo, conserva alianzas dentro del morenismo y mantiene la habilidad de tejer acuerdos transversales cuando de disputar el poder se trata.

Su mejor carta de presentación sigue siendo el 2010, cuando junto a Malova rompió con el PRI y protagonizó uno de los movimientos políticos más relevantes de la historia reciente de Sinaloa. Esa historia la conoce perfectamente Rubén Rocha Moya, quien en aquellos años fungía como Coordinador de Asesores del finado ex gobernador Jesús Aguilar Padilla.

Hoy los roles son otros. Rocha es el gobernador, detenta los hilos del poder y los ejerce con firmeza frente a quienes considera adversarios. Pero también sabe que no puede dormirse en los laureles ni fingir que nadie intenta hacerle sombra. La disputa por el poder ya comenzó y Ahome es, claramente, uno de los principales frentes.

No es casual, entonces, que Malova haya vuelto a ser tema central en la primera Semanera del año, encabezada por Rocha precisamente en el mismo Cabildo donde, hace más de dos décadas, inició la ruta política que llevó a López Valdez y a Vargas Landeros hasta la gubernatura.

Los señalamientos de malos manejos financieros en el gobierno malovista, especialmente retenciones no enteradas al fondo de pensiones, volvieron a resonar fuerte en voz del gobernador.

La visita del mandatario también fue un mensaje interno claro: un espaldarazo político al alcalde Antonio Menéndez. El edil sustituto ha demostrado, día con día, que no es ningún improvisado y que la decisión de Rocha de darle la oportunidad no fue un error. 

El proyecto es evidente: fortalecerlo políticamente y, con ello, debilitar a los grupos que —dentro y fuera de la 4T— buscan disputarles el poder.

Ahome se ha convertido, sin exagerar, en el principal laboratorio político de Sinaloa. Y la mejor prueba de su relevancia en el tablero estatal es que el propio gobernador haya decidido acudir para enviar los mensajes, marcar territorio y dejar claro que personalmente está al frente de su equipo de batalla rumbo al 2027.

El 2026 que recién inicia no será un año más en el calendario político de Sinaloa. Será, sin exagerar, el año de las definiciones rumbo a la elección de 2027, cuando se renovarán las 20 alcaldías, las diputaciones locales, las federales y, como madre de todas las batallas, la gubernatura del estado.

Y es justamente esta última la que ya concentra reflectores, tensiones y movimientos soterrados —y no tan soterrados— dentro de Morena. La disputa es clara: el grupo en el poder, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, frente a quienes buscan construir una candidatura alterna, arropados —al menos en el discurso— por la supuesta cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum y la inercia política del llamado “tiempo de mujeres”.

Desde Palacio de Gobierno se juega a la continuidad. Rocha Moya no ha ocultado su interés por dejar sucesor y, para ello, mueve piezas con cálculo quirúrgico. Sabe que el género puede ser determinante y, por eso, su baraja incluye hombres y mujeres. No es un detalle menor: con una presidenta de la República y un discurso nacional que empuja la paridad como narrativa central, la posibilidad de que Sinaloa tenga por primera vez una mujer gobernadora en 2027 no solo es viable, sino políticamente lógica.

En esa lógica se entiende por qué el gobernador ha colocado en la cancha a Graciela Domínguez Nava y a Tere Guerra. Ambas cumplen una doble función: abonar a la narrativa de género y, al mismo tiempo, contener y neutralizar el activismo político de la senadora Imelda Castro, quien desde hace meses recorre el estado con la mira puesta en la gubernatura.

Castro, para muchos, es la favorita en el tablero nacional. Su cercanía con figuras del círculo político de Claudia Sheinbaum le da visibilidad y proyección. Sin embargo, a ras de tierra la historia es distinta. Pese a sus recorridos de sur a norte, no ha logrado articular una estructura sólida ni un grupo político compacto que la catapulte con fuerza real rumbo a 2027. A eso se suma un factor incómodo: sus alianzas con facciones morenistas que, en su momento, intentaron descarrilar políticamente al propio Rocha Moya.

Ahí es donde el gobernador conserva ventaja. Rocha sigue teniendo en sus manos los hilos de las principales estructuras territoriales y políticas de la 4T en Sinaloa. No apuesta solo por mujeres. En su tablero también están el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Inzunza, hay que decirlo, ha reducido notablemente su presencia fuera de la capital, mientras que Gámez Mendívil, pese a la compleja crisis de seguridad que enfrenta Culiacán, viene creciendo con fuerza en el plano estatal. Las encuestas empiezan a reflejar ese crecimiento y lo colocan como una figura que no puede ni debe perderse de vista en la ruta hacia 2027.

Pero el juego no se define solo en Sinaloa. Desde Palacio Nacional se mueven otras piezas. Claudia Sheinbaum tendrá la última palabra y, llegado el momento, podría optar por tres rutas: imponer a un “metropolizado”, alguien de su gabinete sin arraigo local y obligar a todas las fuerzas a alinearse; apostar por lo que muchos consideran la vía más lógica, Imelda Castro; o permitir la continuidad del grupo político que hoy gobierna el estado.

Faltan muchas piezas por acomodarse y demasiados factores por alinearse. Por ahora, lo único claro es que 2026 será el año determinante. Habrá que seguir con lupa los movimientos en territorio y leer con atención las señales que emanen desde Palacio Nacional.

Si el 2025 fue interesante, lo que viene en 2026 será decisivo.

Y eso solo en la disputa por la gubernatura. De las principales alcaldías hablaremos en entregas posteriores, porque lo que ya se mueve en Culiacán, Ahome, Guasave, Salvador Alvarado —por citar solo algunos municipios— no es menos intenso ni menos revelador de lo que está en juego en el Sinaloa rumbo al 2027.

Hay encuestas que buscan medir la aprobación y otras que, sin proponérselo, terminan exhibiendo la distancia entre el discurso oficial y la realidad. La medición de diciembre de 2025 del Ranking Mitofsky pertenece claramente al segundo grupo, al menos en lo que respecta a Guasave.

De acuerdo con la encuestadora propiedad de Roy Campos, Cecilia Ramírez Montoya aparece en el lugar 37 a nivel nacional, con poco más del 52 por ciento de aprobación, y —dato que se subrayó hasta el cansancio— como la alcaldesa mejor evaluada de Sinaloa. Nada mal para una presidenta municipal que apenas cumple un año en el cargo. Tan nada mal, que el anuncio no generó aplausos… sino risas.

Porque si algo quedó claro tras difundirse la encuesta, es que Guasave no se vio reflejado en ese espejo estadístico. Las redes sociales, siempre más crudas que los boletines, reaccionaron con una mezcla de incredulidad, enojo y sarcasmo. Para muchos ciudadanos, la encuesta no describía una gestión eficiente, sino una realidad paralela.

El dato no pasó desapercibido: el primer portal en difundir la información, incluso antes del comunicado oficial, fue Mesa Reservada, medio en el que participa o ha participado Edgar Adair Espinoza Robles, ex tesorero municipal (quien sigue en la nómina oficial como auxiliar administrativo) que en noviembre dejó el cargo en medio de cuestionamientos por el manejo opaco de las finanzas públicas y los excesos con el erario. Una coincidencia incómoda, sobre todo cuando se recuerda que una de las principales críticas ciudadanas a la administración actual gira precisamente en torno al uso del dinero público.

A partir de ahí, la estrategia fue evidente. Funcionarios y funcionarias del gobierno municipal replicaron la nota con entusiasmo, como si el ranking fuera una absolución anticipada. El problema es que nadie calculó la reacción ciudadana. O peor aún: la subestimaron.

Los comentarios en redes y portales no tardaron en aparecer, y fueron todo menos amables. Que si la encuesta fue “comprada”, que si se “pagó con el crédito de los 60 millones”, que si los encuestados “fueron familiares y miembros del gabinete”. Otros fueron más lapidarios: para algunos guasavenses, el único primer lugar posible para esta administración es en mal gobierno o corrupción.

Ahí es donde la ironía se vuelve brutal. Mitofsky dibuja una alcaldesa bien evaluada; las redes describen una administración reprobada. La encuestadora habla de aprobación; la ciudadanía habla de molestia. Los números presumen estabilidad; los comentarios exhiben hartazgo.

Y no es un detalle menor. Cuando una administración con apenas un año de ejercicio necesita sostener su narrativa en rankings nacionales, algo no termina de cuajar en lo local. Más aún cuando ese intento de legitimación provoca burlas en lugar de respaldo. En política, la risa ciudadana rara vez es una buena señal.

El problema de fondo no es la encuesta, sino creer que una medición puede reemplazar a la percepción social. Porque los gobiernos no se sostienen con gráficas ni con posiciones en rankings, sino con resultados visibles, servicios que funcionan y decisiones que generan confianza.

Hoy, en Guasave, la encuesta dice una cosa y la gente dice otra. Y entre ambas versiones, la que suele tener la última palabra no es la que se imprime en un ranking, sino la que se repite todos los días en la calle, en el mercado y —para desgracia de muchos gobiernos— en las redes sociales.

Al final, Mitofsky podrá colocar a Cecilia Ramírez Montoya en el lugar 37 nacional. Pero mientras la narrativa oficial presume aprobación y la ciudadanía responde con reprobación, el verdadero ranking sigue pendiente: el de la credibilidad. Y ese, por ahora, no se mide con porcentajes.

Las cuarterías de Ruiz Cortines, en Guasave, son una bofetada a la narrativa oficial del México “humanista”. Basta caminar entre esos pasillos estrechos —como los que muestran las imágenes— para entender que ahí no habita el progreso ni la justicia social, sino el abandono sistemático de uno de los sectores más explotados y vulnerables del país: los jornaleros agrícolas.

Lo que se observa no son viviendas, son refugios improvisados levantados con palos, fierros torcidos, cartón, hule negro, costales y, con suerte, alguna lámina vieja. Espacios sin ventilación adecuada, sin servicios básicos dignos, donde habitan principalmente adultos mayores que viven casi a la intemperie. En invierno, esas cuarterías se convierten en una ruleta rusa diaria; el frío, la humedad y las enfermedades hacen su trabajo en silencio, mientras la autoridad mira para otro lado.

La escena desnuda, sin maquillaje, la enorme distancia entre el discurso de quienes dicen gobernar para “los más pobres, los más jodidos, los más amolados” y la realidad que padecen quienes sostienen con su trabajo la riqueza agrícola de Sinaloa. El gobierno de la 4T, tan dado a proclamarse defensor de los desposeídos, es incapaz —o indiferente— ante la situación de jornaleros que producen alimentos para el país, pero no tienen garantizado ni un techo digno.

Tuvo que ser el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, quien recorriera la zona para visibilizar un problema que no es nuevo ni oculto. Está ahí, a la vista de todos, pero durante años ha sido ignorado por conveniencia, desidia o simple hipocresía institucional. No es un asunto reciente: el tiempo pasa, los gobiernos cambian y las cuarterías siguen igual. Peor aún, en el historial de esta omisión hay muertes de niños y adultos mayores, víctimas de condiciones infrahumanas y de la falta de atención.

Aquí no se trata solo de pobreza, sino de explotación. Jornaleros enganchados en comunidades indígenas, trasladados para trabajar en el campo sinaloense, y luego abandonados en asentamientos que no cumplen ni con lo mínimo para una vida digna.

En este escenario, la Dirección del Trabajo en Sinaloa queda particularmente exhibida: omisa en el mejor de los casos, sospechosamente complaciente en el peor. No se puede descartar la complicidad con los enganchadores ni con quienes se benefician de esta cadena de abusos.

Sería injusto no reconocer que existen esfuerzos de algunas áreas como el DIF y del sector agrícola organizado. La AARSP, por ejemplo, ha asumido por tercer año consecutivo el costo de la renta del inmueble que albergará en Ruiz Cortines el Centro de Atención Integral —la llamada guardería— para los hijos de jornaleros agrícolas. Son acciones valiosas, necesarias y dignas de destacarse. Pero también hay que decirlo con claridad: no alcanzan para revertir décadas de rezago y abandono estructural.

El problema de fondo sigue intacto y la responsabilidad principal recae en el Estado. Si el gobierno quiere llamarse humanista, debe demostrarlo más allá de los discursos y las mañaneras. Humanismo no es una consigna; es garantizar que ningún trabajador del campo, ningún niño y ningún adulto mayor tenga que vivir entre cartones y hules mientras produce la riqueza ajena. Lo demás es retórica. Y en Ruiz Cortines, la miseria no entiende de slogans como aquel que dice “Primero los pobres”.

Este jueves Sinaloa escribió una página oscura en su historia democrática: el Congreso del Estado —con los votos del bloque oficialista conformado por Morena, Partido Verde Ecologista y PT— aprobó la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP).

Una decisión que representantes de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y expertos en transparencia han calificado como un claro retroceso en materia de derechos ciudadanos, rendición de cuentas y control del poder público.

No fue una decisión aislada ni sorpresiva. Es, más bien, el desenlace de una crónica de muerte anunciada que inició en el ámbito federal.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano autónomo pilar de la transparencia en México, fue oficialmente disuelto y sustituido por un modelo centralizado dentro de la Secretaría de la Función Pública tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025, con entrada en vigor el 21 de marzo de 2025. Fue en esa fecha cuando la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública abolió al INAI y transfirió sus funciones a un órgano bajo control directo del Ejecutivo federal.  

Hoy, en Sinaloa, se ha colocado la lápida a la transparencia institucional. La CEAIP, órgano que durante años fue referencia en la región por abrir espacios de acceso a la información y fiscalización ciudadana, será desmantelada. Su desaparición no solo representa una restructuración burocrática: implica la pérdida de un contrapeso esencial frente a los poderes del Estado y los partidos políticos.

La oposición local lo denunció sin ambages: se trata de una afrenta directa al derecho de los ciudadanos de saber qué hace y cómo gasta su gobierno. Pero la aritmética legislativa fue implacable. La bancada de oposición careció de fuerza y votos para frenar este impulso que, dicen sus promotores, moderniza el marco jurídico; para sus críticos, profundiza la opacidad y erosiona un derecho conquistado con esfuerzo ciudadano y social.

Es particularmente doloroso observar que figuras políticas que, en su momento, lucharon desde la oposición por arrancarle al Ejecutivo el control de la información para blindarla frente a abusos de poder, hoy se convierten en sus principales verdugos. En ese listado no pueden omitirse nombres prominentes de Morena como la senadora Imelda Castro o la diputada federal Graciela Domínguez, actores que ahora respaldan una lógica de centralización y control que hace apenas años denunciaban.

El argumentar que “no se trata de Morena, se trata de fortalecer al Estado” suena a pretexto cuando el resultado real es una mayor concentración de facultades de transparencia dentro de dependencias oficiales. La lección está allí: ningún partido en el gobierno debe vigilarse a sí mismo, porque la historia y la experiencia muestran que, sin contrapesos autónomos, la tentación por ocultar, minimizar o maquillar información pública es demasiado grande.

Duele reconocerlo, pero es una realidad: la transparencia no es un lujo ni una opción, es un derecho ciudadano básico. Su recorte sistemático debilita la democracia, mina la confianza pública y reduce las herramientas con las que la sociedad puede exigir cuentas a quienes ejercen poder y manejan los recursos públicos.

Sinaloa fue pionero en la construcción de marcos sólidos de acceso a la información; hoy se distancia de ese legado. La decisión de desaparecer la CEAIP no solo altera la arquitectura institucional: representa un golpe directo a la capacidad de los sinaloenses para supervisar, cuestionar y responsabilizar a sus gobernantes.

Este grave retroceso democrático deja más preguntas que respuestas, y nadie puede asegurar cuánto tiempo tomará reconstruir —si es que aún es posible— el tejido de transparencia, participación y control ciudadano en Sinaloa y en todo México. Pero una cosa es cierta: la pérdida de derechos adquiridos nunca pasa desapercibida, y sus efectos se sentirán mucho después de que los aplausos políticos se hayan disipado.

En Sinaloa el pleito ya no se disimula. La sucesión del gobernador morenista Rubén Rocha Moya comenzó antes de tiempo y, como suele ocurrir, no se libra en la plaza pública sino en los pasillos del poder. Ahí donde las auditorías, los estadios y los partidos aliados dejan de ser temas administrativos para convertirse en municiones políticas.

El tono elevado del gobernador contra su antecesor, Quirino Ordaz Coppel, no es casual ni producto de un arrebato moral repentino. Tampoco es únicamente un ajuste de cuentas por presuntas auditorías mal aplicadas en beneficio del grupo Coppel o por la cuestionada construcción del estadio de fútbol en Mazatlán, obra de casi 700 millones de pesos del erario estatal que terminó apuntalando el negocio de Ricardo Salinas Pliego… negocio que hoy ya no existe, pues el empresario anunció la venta del Mazatlán FC y dejó al puerto sin fútbol de primera división.

Más que pesos y centavos, lo que está en disputa es el 2027.

Desde Madrid, España, Quirino Ordaz mueve fichas con la paciencia del que no necesita reflector. Lo hace a través del Partido Verde Ecologista en Sinaloa, un instituto político que opera con agenda propia bajo la conducción del dirigente estatal y diputado federal Ricardo Madrid Pérez. El Verde sinaloense no responde —al menos no del todo— al grupo en el poder, y eso lo vuelve incómodo, peligroso y, sobre todo, decisivo.

Por eso el choque luce cien por ciento político. No es el SAT, no son los contratos con Salinas Pliego, no es el dinero destinado a medios vía Comunicación Social. Es la ruta. En Sinaloa el Verde no camina con Morena, al menos no con el Morena de Rocha; camina paralelo, observando, midiendo fuerzas y preparando el terreno para cuando llegue el momento decisivo agarrar la mayor tajada posible del pastel.

En ese escenario, el Partido Verde podría convertirse en el vehículo de la candidatura a la gubernatura en Sinaloa como parte de los acuerdos cupulares con Morena y el PT. Si es hombre, el nombre natural es Ricardo Madrid. Si es mujer, las siglas y la estructura podrían ponerse al servicio de Imelda Castro, siempre y cuando así lo marque la línea presidencial de Claudia Sheinbaum. En ambos casos, el Verde no sería comparsa: sería protagonista.

Así, Quirino, Ricardo Madrid y el Verde dejaron de ser aliados circunstanciales del rochismo para convertirse en adversarios políticos abiertos del gobernador y de su delfín más visible, el senador Enrique Inzunza, quien mantiene vivas sus aspiraciones rumbo a la grande.

Y ojo: la operación no se limita a la gubernatura. En los municipios el Verde también fortalece estructuras, arma cuadros y construye músculo electoral con miras a tener cartas de negociación, aunque ello implique confrontar directamente lo que Rubén Rocha pretende heredar en las alcaldías.

En Sinaloa la sucesión ya no se cocina a fuego lento: está en plena ebullición. El Verde juega por su cuenta, Quirino mueve los hilos a distancia y Rocha responde con expedientes, señalamientos y golpes discursivos. No hay reconciliación a la vista ni alianza sólida que aguante. Lo que viene no es una transición tersa, sino una disputa abierta donde nadie regala nada y todos se preparan para cobrar. El 2027 dejó de ser una fecha en el calendario y se convirtió en el campo de batalla.

El Congreso del Estado se convirtió en el epicentro de la lucha interna de Morena por la candidatura al gobierno de Sinaloa para el 2027.

Particularmente esta semana, con el pretexto de la discusión sobre la solicitud de crédito de 2 mil 200 millones de pesos enviada por el gobernador Rocha, quedó en evidencia el nivel de enfrentamiento que traen quienes empujan sus respectivos proyectos en las muy diversas corrientes internas del morenismo.

Juana Minerva Vázquez y Pedro Villegas Lobo, legisladores afines políticamente al proyecto de la Senadora Imelda Castro, se opusieron abiertamente a la propuesta de crédito del gobernador no solo votando en contra sino fijando duros y a la vez sorpresivos posicionamientos en tribuna (hasta hace unas semanas no se caracterizaban por ser muy críticos a su propio movimiento).

Si bien lo del crédito no es un tema menor, lo que se desprende de los críticos posicionamientos es el interés muy evidente de los legisladores “imeldistas” porque se genere la percepción de que el control político y la cohesión en la bancada mayoritaria de Morena están rotos y con ello pegarle a la presidenta de la JUCOPO, Tere Guerra, otra de las mujeres que intenta quedarse con la candidatura para buscar suceder al gobernador Rocha Moya.

Si la bancada de Morena está rota y hay diputados que se salen del huacal se infiere que la responsabilidad es de Tere Guerra como coordinadora.

Y es que el voto en contra del crédito no se puede ver como un hecho aislado. Apenas hace unos días el diputado Pedro Villegas Lobo incitó a un grupo de jubilados de la UAS para que irrumpieran violentamente en el salón de pleno del Congreso y terminaran reventando la sesión.

El tiro está cantado y es muy evidente. Todo indica que, con instrucción o sin ella, los legisladores que recorren Sinaloa con Imelda Castro ya establecieron su ruta a seguir. Quitar políticamente a Tere Guerra del camino y con ello intentar que la Senadora sea la única opción si la candidatura es para mujer y de paso enviar el mensaje de que el gobernador no tiene bien agarrados los hilos de los grupos políticos dentro de Morena.

Y mientras el Congreso del Estado se convierte en arena para las disputas políticas, los aspirantes varones siguen haciendo su trabajo y construyendo proyecto sin mayores aspavientos o estridencias. Es el caso del alcalde Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y el Senador Enrique Inzunza Cázarez.

Una frase muy socorrida es que “es tiempo de mujeres” pero en Sinaloa parece que sí lo es, pero de pleitos y traspiés entre ellas mismas. Sólo hay que voltear hacia el Congreso del Estado que se ha convertido en el escenario de esas disputas.

Los retos para el campo sinaloense no son menores y en la búsqueda de soluciones organismos como CAADES y la mayoría de sus asociaciones filiales han jugado un papel preponderante.

Despojados de las agendas político-partidistas que enarbolan otras organizaciones, y que muchas veces terminan contaminando la lucha, la CAADES, con su presidente Jesús Rojo Plascencia, tienen un lugar ganado en las mesas de negociación estatal y federal donde se toman las grandes decisiones y donde la voz de los agricultores del sector particular tiene un peso específico.

Y es que acuden a las mismas sin mayor estridencia y sin intentar acaparar el reflector mediático con fines políticos.

Ha quedado demostrado que la idea es clara: presentar diagnósticos puntuales sobre los retos para la actividad; hablar de manera firme; y mantener los canales de negociación con quienes hoy tienen la llave de las soluciones, principalmente en la esfera federal.

El liderazgo construido por el actual presidente de CAADES y las relaciones de alto nivel se traducen en acuerdos que benefician directamente al productor.

No hay que olvidar que CAADES aglutina asociaciones de agricultores que son la columna vertebral del proceso de comercialización de granos en Sinaloa.

A la par de las gestiones que se realizan con las autoridades buscando mejorar las políticas públicas y los presupuestos, se establecen canales de comercialización con la industria particular para colocar, en las mejores condiciones posible, la preciada cosecha de los agricultores sinaloenses.

Asociaciones como la del Río Sinaloa Poniente en Guasave ha sido un vivo ejemplo de la consolidación de ese trabajo siempre buscando que en los acuerdos con la industria se privilegie el beneficio del productor, y, cuando de plano las condiciones de mercado no son las mejores, se echa mano de recursos propios en la organización para darle el plus al productor.

Se trabaja con seriedad, inteligencia, responsabilidad y sensibilidad social.

Es por ello que no solamente socios de la organización buscan comercializar ahí sus cosechas sino que productores en general ven en la AARSP la mejor alternativa en la región del Petatlán.

Regresando a la CAADES en días pasados estuvieron muy tomados de la mano con la ANUR en la lucha para evitar que la nueva Ley General de Aguas impactara de manera negativa a los productores; la lucha se desplegó en diversos frentes y al final se logró el cometido de mantener intacto el binomio tierra-agua que era el principal motivo de preocupación para los sinaloenses en la nueva legislación.

Jesús Rojo de CAADES y Alejandro Salcedo de ANUR se han encargado de socializar los alcances de la nueva legislación y calmar las aguas entre los productores ante la desinformación que privó durante el debate legislativo donde el manoseo político estuvo presente.

Los retos por delante son muchos y la mejor manera de tener a la mano soluciones es mantener los canales de interlocución abiertos y el lugar en la mesa donde se toman las decisiones como lo ha hecho hasta el momento de manera muy responsable el presidente de CAADES, Jesús Rojo Plascencia.

En Guasave hace apenas un mes y escasa una semana que se cumplió el primer año como alcaldesa de la doctora Cecilia Ramírez Montoya y hay quienes ya metieron el pie en el acelerador para buscar sucederla en el 2027.

El municipio enclavado en la región del Petatlán es uno de los más politizados en Sinaloa y siempre se termina cocinando aparte por las batallas y desencuentros que caracterizan los procesos de definición electoral.

Desde ya se observan aspirantes naturales a la alcaldía de Guasave. Uno de ellos, quizá hoy el rival a vencer dentro de la 4T pese a ser de los “neomorenistas”, es Feliciano Valle Sandoval, actual Secretario del Ayuntamiento.

El funcionario no oculta su aspiración y, aunque no la grita a los cuatro vientos, si hay registro de que induce publicaciones que lo colocan en apariencia como el más cercano al poder estatal, en específico al gobernador Rocha, a quien muchos ven como el gran elector para el 2027 aún en el ocaso de su gestión.

Feliciano Valle sabe operar. Se mueve no solo en los grupos de la 4T sino que mantiene ascendencia en grupos de oposición, principalmente en el PRI donde lo parieron políticamente.

Chanito Valle tuvo la “suerte” de que ya no está en la escena pública Edgar Adair Espinoza, ex tesorero del Ayuntamiento, a quienes no pocos le veían posibilidades de construir proyecto por la alcaldía para el 2027.

El que miembros del gabinete municipal ya se anden moviendo tan abiertamente rumbo al 2027 no es sano para una administración que recién cruzó el umbral de su primer año y menos para la alcaldesa Cecilia Ramírez cuya autoridad política pudiera terminar socavada muy temprano en su gestión.

El hijo de Chano Valle no estará solo en la carrera por la presidencia para la que en su momento levantarán la mano diversos cuadros de la 4T.

Falta mucho tiempo, muchas definiciones (género y cuotas de alianza) pero algunos ya muestran que les corre prisa por cuajar el proyecto mandando el mensaje de que son los elegidos de quienes toman esas decisiones.

Será que van con la máxima de que al que madruga Dios lo ayuda, o será que les aplican aquella de que no por mucho madrugar amanece más temprano.

Veremos.