Este jueves Sinaloa escribió una página oscura en su historia democrática: el Congreso del Estado —con los votos del bloque oficialista conformado por Morena, Partido Verde Ecologista y PT— aprobó la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP).

Una decisión que representantes de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y expertos en transparencia han calificado como un claro retroceso en materia de derechos ciudadanos, rendición de cuentas y control del poder público.

No fue una decisión aislada ni sorpresiva. Es, más bien, el desenlace de una crónica de muerte anunciada que inició en el ámbito federal.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano autónomo pilar de la transparencia en México, fue oficialmente disuelto y sustituido por un modelo centralizado dentro de la Secretaría de la Función Pública tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025, con entrada en vigor el 21 de marzo de 2025. Fue en esa fecha cuando la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública abolió al INAI y transfirió sus funciones a un órgano bajo control directo del Ejecutivo federal.  

Hoy, en Sinaloa, se ha colocado la lápida a la transparencia institucional. La CEAIP, órgano que durante años fue referencia en la región por abrir espacios de acceso a la información y fiscalización ciudadana, será desmantelada. Su desaparición no solo representa una restructuración burocrática: implica la pérdida de un contrapeso esencial frente a los poderes del Estado y los partidos políticos.

La oposición local lo denunció sin ambages: se trata de una afrenta directa al derecho de los ciudadanos de saber qué hace y cómo gasta su gobierno. Pero la aritmética legislativa fue implacable. La bancada de oposición careció de fuerza y votos para frenar este impulso que, dicen sus promotores, moderniza el marco jurídico; para sus críticos, profundiza la opacidad y erosiona un derecho conquistado con esfuerzo ciudadano y social.

Es particularmente doloroso observar que figuras políticas que, en su momento, lucharon desde la oposición por arrancarle al Ejecutivo el control de la información para blindarla frente a abusos de poder, hoy se convierten en sus principales verdugos. En ese listado no pueden omitirse nombres prominentes de Morena como la senadora Imelda Castro o la diputada federal Graciela Domínguez, actores que ahora respaldan una lógica de centralización y control que hace apenas años denunciaban.

El argumentar que “no se trata de Morena, se trata de fortalecer al Estado” suena a pretexto cuando el resultado real es una mayor concentración de facultades de transparencia dentro de dependencias oficiales. La lección está allí: ningún partido en el gobierno debe vigilarse a sí mismo, porque la historia y la experiencia muestran que, sin contrapesos autónomos, la tentación por ocultar, minimizar o maquillar información pública es demasiado grande.

Duele reconocerlo, pero es una realidad: la transparencia no es un lujo ni una opción, es un derecho ciudadano básico. Su recorte sistemático debilita la democracia, mina la confianza pública y reduce las herramientas con las que la sociedad puede exigir cuentas a quienes ejercen poder y manejan los recursos públicos.

Sinaloa fue pionero en la construcción de marcos sólidos de acceso a la información; hoy se distancia de ese legado. La decisión de desaparecer la CEAIP no solo altera la arquitectura institucional: representa un golpe directo a la capacidad de los sinaloenses para supervisar, cuestionar y responsabilizar a sus gobernantes.

Este grave retroceso democrático deja más preguntas que respuestas, y nadie puede asegurar cuánto tiempo tomará reconstruir —si es que aún es posible— el tejido de transparencia, participación y control ciudadano en Sinaloa y en todo México. Pero una cosa es cierta: la pérdida de derechos adquiridos nunca pasa desapercibida, y sus efectos se sentirán mucho después de que los aplausos políticos se hayan disipado.

En Sinaloa el pleito ya no se disimula. La sucesión del gobernador morenista Rubén Rocha Moya comenzó antes de tiempo y, como suele ocurrir, no se libra en la plaza pública sino en los pasillos del poder. Ahí donde las auditorías, los estadios y los partidos aliados dejan de ser temas administrativos para convertirse en municiones políticas.

El tono elevado del gobernador contra su antecesor, Quirino Ordaz Coppel, no es casual ni producto de un arrebato moral repentino. Tampoco es únicamente un ajuste de cuentas por presuntas auditorías mal aplicadas en beneficio del grupo Coppel o por la cuestionada construcción del estadio de fútbol en Mazatlán, obra de casi 700 millones de pesos del erario estatal que terminó apuntalando el negocio de Ricardo Salinas Pliego… negocio que hoy ya no existe, pues el empresario anunció la venta del Mazatlán FC y dejó al puerto sin fútbol de primera división.

Más que pesos y centavos, lo que está en disputa es el 2027.

Desde Madrid, España, Quirino Ordaz mueve fichas con la paciencia del que no necesita reflector. Lo hace a través del Partido Verde Ecologista en Sinaloa, un instituto político que opera con agenda propia bajo la conducción del dirigente estatal y diputado federal Ricardo Madrid Pérez. El Verde sinaloense no responde —al menos no del todo— al grupo en el poder, y eso lo vuelve incómodo, peligroso y, sobre todo, decisivo.

Por eso el choque luce cien por ciento político. No es el SAT, no son los contratos con Salinas Pliego, no es el dinero destinado a medios vía Comunicación Social. Es la ruta. En Sinaloa el Verde no camina con Morena, al menos no con el Morena de Rocha; camina paralelo, observando, midiendo fuerzas y preparando el terreno para cuando llegue el momento decisivo agarrar la mayor tajada posible del pastel.

En ese escenario, el Partido Verde podría convertirse en el vehículo de la candidatura a la gubernatura en Sinaloa como parte de los acuerdos cupulares con Morena y el PT. Si es hombre, el nombre natural es Ricardo Madrid. Si es mujer, las siglas y la estructura podrían ponerse al servicio de Imelda Castro, siempre y cuando así lo marque la línea presidencial de Claudia Sheinbaum. En ambos casos, el Verde no sería comparsa: sería protagonista.

Así, Quirino, Ricardo Madrid y el Verde dejaron de ser aliados circunstanciales del rochismo para convertirse en adversarios políticos abiertos del gobernador y de su delfín más visible, el senador Enrique Inzunza, quien mantiene vivas sus aspiraciones rumbo a la grande.

Y ojo: la operación no se limita a la gubernatura. En los municipios el Verde también fortalece estructuras, arma cuadros y construye músculo electoral con miras a tener cartas de negociación, aunque ello implique confrontar directamente lo que Rubén Rocha pretende heredar en las alcaldías.

En Sinaloa la sucesión ya no se cocina a fuego lento: está en plena ebullición. El Verde juega por su cuenta, Quirino mueve los hilos a distancia y Rocha responde con expedientes, señalamientos y golpes discursivos. No hay reconciliación a la vista ni alianza sólida que aguante. Lo que viene no es una transición tersa, sino una disputa abierta donde nadie regala nada y todos se preparan para cobrar. El 2027 dejó de ser una fecha en el calendario y se convirtió en el campo de batalla.

El Congreso del Estado se convirtió en el epicentro de la lucha interna de Morena por la candidatura al gobierno de Sinaloa para el 2027.

Particularmente esta semana, con el pretexto de la discusión sobre la solicitud de crédito de 2 mil 200 millones de pesos enviada por el gobernador Rocha, quedó en evidencia el nivel de enfrentamiento que traen quienes empujan sus respectivos proyectos en las muy diversas corrientes internas del morenismo.

Juana Minerva Vázquez y Pedro Villegas Lobo, legisladores afines políticamente al proyecto de la Senadora Imelda Castro, se opusieron abiertamente a la propuesta de crédito del gobernador no solo votando en contra sino fijando duros y a la vez sorpresivos posicionamientos en tribuna (hasta hace unas semanas no se caracterizaban por ser muy críticos a su propio movimiento).

Si bien lo del crédito no es un tema menor, lo que se desprende de los críticos posicionamientos es el interés muy evidente de los legisladores “imeldistas” porque se genere la percepción de que el control político y la cohesión en la bancada mayoritaria de Morena están rotos y con ello pegarle a la presidenta de la JUCOPO, Tere Guerra, otra de las mujeres que intenta quedarse con la candidatura para buscar suceder al gobernador Rocha Moya.

Si la bancada de Morena está rota y hay diputados que se salen del huacal se infiere que la responsabilidad es de Tere Guerra como coordinadora.

Y es que el voto en contra del crédito no se puede ver como un hecho aislado. Apenas hace unos días el diputado Pedro Villegas Lobo incitó a un grupo de jubilados de la UAS para que irrumpieran violentamente en el salón de pleno del Congreso y terminaran reventando la sesión.

El tiro está cantado y es muy evidente. Todo indica que, con instrucción o sin ella, los legisladores que recorren Sinaloa con Imelda Castro ya establecieron su ruta a seguir. Quitar políticamente a Tere Guerra del camino y con ello intentar que la Senadora sea la única opción si la candidatura es para mujer y de paso enviar el mensaje de que el gobernador no tiene bien agarrados los hilos de los grupos políticos dentro de Morena.

Y mientras el Congreso del Estado se convierte en arena para las disputas políticas, los aspirantes varones siguen haciendo su trabajo y construyendo proyecto sin mayores aspavientos o estridencias. Es el caso del alcalde Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y el Senador Enrique Inzunza Cázarez.

Una frase muy socorrida es que “es tiempo de mujeres” pero en Sinaloa parece que sí lo es, pero de pleitos y traspiés entre ellas mismas. Sólo hay que voltear hacia el Congreso del Estado que se ha convertido en el escenario de esas disputas.

Los retos para el campo sinaloense no son menores y en la búsqueda de soluciones organismos como CAADES y la mayoría de sus asociaciones filiales han jugado un papel preponderante.

Despojados de las agendas político-partidistas que enarbolan otras organizaciones, y que muchas veces terminan contaminando la lucha, la CAADES, con su presidente Jesús Rojo Plascencia, tienen un lugar ganado en las mesas de negociación estatal y federal donde se toman las grandes decisiones y donde la voz de los agricultores del sector particular tiene un peso específico.

Y es que acuden a las mismas sin mayor estridencia y sin intentar acaparar el reflector mediático con fines políticos.

Ha quedado demostrado que la idea es clara: presentar diagnósticos puntuales sobre los retos para la actividad; hablar de manera firme; y mantener los canales de negociación con quienes hoy tienen la llave de las soluciones, principalmente en la esfera federal.

El liderazgo construido por el actual presidente de CAADES y las relaciones de alto nivel se traducen en acuerdos que benefician directamente al productor.

No hay que olvidar que CAADES aglutina asociaciones de agricultores que son la columna vertebral del proceso de comercialización de granos en Sinaloa.

A la par de las gestiones que se realizan con las autoridades buscando mejorar las políticas públicas y los presupuestos, se establecen canales de comercialización con la industria particular para colocar, en las mejores condiciones posible, la preciada cosecha de los agricultores sinaloenses.

Asociaciones como la del Río Sinaloa Poniente en Guasave ha sido un vivo ejemplo de la consolidación de ese trabajo siempre buscando que en los acuerdos con la industria se privilegie el beneficio del productor, y, cuando de plano las condiciones de mercado no son las mejores, se echa mano de recursos propios en la organización para darle el plus al productor.

Se trabaja con seriedad, inteligencia, responsabilidad y sensibilidad social.

Es por ello que no solamente socios de la organización buscan comercializar ahí sus cosechas sino que productores en general ven en la AARSP la mejor alternativa en la región del Petatlán.

Regresando a la CAADES en días pasados estuvieron muy tomados de la mano con la ANUR en la lucha para evitar que la nueva Ley General de Aguas impactara de manera negativa a los productores; la lucha se desplegó en diversos frentes y al final se logró el cometido de mantener intacto el binomio tierra-agua que era el principal motivo de preocupación para los sinaloenses en la nueva legislación.

Jesús Rojo de CAADES y Alejandro Salcedo de ANUR se han encargado de socializar los alcances de la nueva legislación y calmar las aguas entre los productores ante la desinformación que privó durante el debate legislativo donde el manoseo político estuvo presente.

Los retos por delante son muchos y la mejor manera de tener a la mano soluciones es mantener los canales de interlocución abiertos y el lugar en la mesa donde se toman las decisiones como lo ha hecho hasta el momento de manera muy responsable el presidente de CAADES, Jesús Rojo Plascencia.

En Guasave hace apenas un mes y escasa una semana que se cumplió el primer año como alcaldesa de la doctora Cecilia Ramírez Montoya y hay quienes ya metieron el pie en el acelerador para buscar sucederla en el 2027.

El municipio enclavado en la región del Petatlán es uno de los más politizados en Sinaloa y siempre se termina cocinando aparte por las batallas y desencuentros que caracterizan los procesos de definición electoral.

Desde ya se observan aspirantes naturales a la alcaldía de Guasave. Uno de ellos, quizá hoy el rival a vencer dentro de la 4T pese a ser de los “neomorenistas”, es Feliciano Valle Sandoval, actual Secretario del Ayuntamiento.

El funcionario no oculta su aspiración y, aunque no la grita a los cuatro vientos, si hay registro de que induce publicaciones que lo colocan en apariencia como el más cercano al poder estatal, en específico al gobernador Rocha, a quien muchos ven como el gran elector para el 2027 aún en el ocaso de su gestión.

Feliciano Valle sabe operar. Se mueve no solo en los grupos de la 4T sino que mantiene ascendencia en grupos de oposición, principalmente en el PRI donde lo parieron políticamente.

Chanito Valle tuvo la “suerte” de que ya no está en la escena pública Edgar Adair Espinoza, ex tesorero del Ayuntamiento, a quienes no pocos le veían posibilidades de construir proyecto por la alcaldía para el 2027.

El que miembros del gabinete municipal ya se anden moviendo tan abiertamente rumbo al 2027 no es sano para una administración que recién cruzó el umbral de su primer año y menos para la alcaldesa Cecilia Ramírez cuya autoridad política pudiera terminar socavada muy temprano en su gestión.

El hijo de Chano Valle no estará solo en la carrera por la presidencia para la que en su momento levantarán la mano diversos cuadros de la 4T.

Falta mucho tiempo, muchas definiciones (género y cuotas de alianza) pero algunos ya muestran que les corre prisa por cuajar el proyecto mandando el mensaje de que son los elegidos de quienes toman esas decisiones.

Será que van con la máxima de que al que madruga Dios lo ayuda, o será que les aplican aquella de que no por mucho madrugar amanece más temprano.

Veremos.

Son 10 meses ya en Sinaloa de una narcoguerra que en este momento luce interminable.

El esfuerzo y la estrategia, si en realidad existen de parte del gobierno, son claramente insuficientes para sacar al estado de la confrontación violenta entre Chapitos y Mayos que ha costado la vida de por lo menos mil 600 personas.

Tan mal va la cosa que Sinaloa en junio se ubicó en el nada honroso primer lugar en incidencia de homicidios dolosos con 207. Un promedio de casi siete diarios, una barbaridad fuera de toda proporción y de cualquier cifra medianamente aceptable.

Lejos se ve ya aquel 09 de septiembre del 2024 cuando estalló la guerra cuyo origen está en el secuestro del Mayo Zambada el 25 de Julio de ese año a manos de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán.

La historia ya es ampliamente conocida y el tema es que nunca se pensó que lo que inició por esas fechas se prolongaría por tantos meses con un durísimo costo para la población en general.

Y es que, no solamente son los más de mil 600 homicidios: son los cientos de desaparecidos, los niños muertos como víctimas colaterales, el robo de miles de vehículos a ciudadanos de bien, el cierre de negocios, la pérdida de miles de empleos, el ausentismo escolar.

La histeria colectiva de quienes saben que en cada jornada se juegan la vida.

Diez meses después la autoridad luce rebasada. No se les observa idea clara de cómo resolver el problema. Presumen el arribo de miles de elementos de las fuerzas federales pero no hay cambio significativo.

Los grupos criminales cada vez lucen más poderosos, mejor armados, más articulados, mejor preparados.

Es tal el desánimo y la impotencia ciudadana que se añora el restablecimiento de la “pax narca”. Esa en la que la tranquilidad la proveen los mismos grupos criminales al autogobernarse para no calentar la plaza.

Esa que antes del 25 de Julio del 2025 se respiraba en Sinaloa.

Gente más empapada en temas de seguridad nos aseguran que esa “pax narca” se busca mediante una alianza entre Ismael Zambada Siqueiros “Mayito Flaco”, líder de la facción del cártel de Sinaloa que ha declarado la guerra a los Guzmán, y Fausto Isidro Meza Flores el “Chapo Isidro”.

Las versiones y los hechos violentos indicarían que los poderosos capos habrían trabado una alianza para exterminar lo que queda del grupo de los Chapitos y apoderarse totalmente del territorio sinaloense cueste lo que cueste y se derrame la cantidad de sangre que se tenga que derramar.

Hay que resaltar que en más de una ocasión el grupo dominante del centro al norte de Sinaloa ha enviado el mensaje de no estar tomando parte en la narcoguerra que azota a Sinaloa.

En esa evidente disputa el gobierno parece únicamente ser figura testimonial esperando que alguien emerja victorioso y a partir de ahí que se pacifique el estado.

Una apuesta peligrosa que sin duda no resolverá de fondo el grave problema de inseguridad y violencia que se vive en Sinaloa.