Las cuarterías de Ruiz Cortines, en Guasave, son una bofetada a la narrativa oficial del México “humanista”. Basta caminar entre esos pasillos estrechos —como los que muestran las imágenes— para entender que ahí no habita el progreso ni la justicia social, sino el abandono sistemático de uno de los sectores más explotados y vulnerables del país: los jornaleros agrícolas.
Lo que se observa no son viviendas, son refugios improvisados levantados con palos, fierros torcidos, cartón, hule negro, costales y, con suerte, alguna lámina vieja. Espacios sin ventilación adecuada, sin servicios básicos dignos, donde habitan principalmente adultos mayores que viven casi a la intemperie. En invierno, esas cuarterías se convierten en una ruleta rusa diaria; el frío, la humedad y las enfermedades hacen su trabajo en silencio, mientras la autoridad mira para otro lado.
La escena desnuda, sin maquillaje, la enorme distancia entre el discurso de quienes dicen gobernar para “los más pobres, los más jodidos, los más amolados” y la realidad que padecen quienes sostienen con su trabajo la riqueza agrícola de Sinaloa. El gobierno de la 4T, tan dado a proclamarse defensor de los desposeídos, es incapaz —o indiferente— ante la situación de jornaleros que producen alimentos para el país, pero no tienen garantizado ni un techo digno.
Tuvo que ser el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, quien recorriera la zona para visibilizar un problema que no es nuevo ni oculto. Está ahí, a la vista de todos, pero durante años ha sido ignorado por conveniencia, desidia o simple hipocresía institucional. No es un asunto reciente: el tiempo pasa, los gobiernos cambian y las cuarterías siguen igual. Peor aún, en el historial de esta omisión hay muertes de niños y adultos mayores, víctimas de condiciones infrahumanas y de la falta de atención.
Aquí no se trata solo de pobreza, sino de explotación. Jornaleros enganchados en comunidades indígenas, trasladados para trabajar en el campo sinaloense, y luego abandonados en asentamientos que no cumplen ni con lo mínimo para una vida digna.
En este escenario, la Dirección del Trabajo en Sinaloa queda particularmente exhibida: omisa en el mejor de los casos, sospechosamente complaciente en el peor. No se puede descartar la complicidad con los enganchadores ni con quienes se benefician de esta cadena de abusos.
Sería injusto no reconocer que existen esfuerzos de algunas áreas como el DIF y del sector agrícola organizado. La AARSP, por ejemplo, ha asumido por tercer año consecutivo el costo de la renta del inmueble que albergará en Ruiz Cortines el Centro de Atención Integral —la llamada guardería— para los hijos de jornaleros agrícolas. Son acciones valiosas, necesarias y dignas de destacarse. Pero también hay que decirlo con claridad: no alcanzan para revertir décadas de rezago y abandono estructural.
El problema de fondo sigue intacto y la responsabilidad principal recae en el Estado. Si el gobierno quiere llamarse humanista, debe demostrarlo más allá de los discursos y las mañaneras. Humanismo no es una consigna; es garantizar que ningún trabajador del campo, ningún niño y ningún adulto mayor tenga que vivir entre cartones y hules mientras produce la riqueza ajena. Lo demás es retórica. Y en Ruiz Cortines, la miseria no entiende de slogans como aquel que dice “Primero los pobres”.
Frente al Poder 