Este jueves Sinaloa escribió una página oscura en su historia democrática: el Congreso del Estado —con los votos del bloque oficialista conformado por Morena, Partido Verde Ecologista y PT— aprobó la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP).
Una decisión que representantes de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y expertos en transparencia han calificado como un claro retroceso en materia de derechos ciudadanos, rendición de cuentas y control del poder público.
No fue una decisión aislada ni sorpresiva. Es, más bien, el desenlace de una crónica de muerte anunciada que inició en el ámbito federal.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano autónomo pilar de la transparencia en México, fue oficialmente disuelto y sustituido por un modelo centralizado dentro de la Secretaría de la Función Pública tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025, con entrada en vigor el 21 de marzo de 2025. Fue en esa fecha cuando la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública abolió al INAI y transfirió sus funciones a un órgano bajo control directo del Ejecutivo federal.
Hoy, en Sinaloa, se ha colocado la lápida a la transparencia institucional. La CEAIP, órgano que durante años fue referencia en la región por abrir espacios de acceso a la información y fiscalización ciudadana, será desmantelada. Su desaparición no solo representa una restructuración burocrática: implica la pérdida de un contrapeso esencial frente a los poderes del Estado y los partidos políticos.
La oposición local lo denunció sin ambages: se trata de una afrenta directa al derecho de los ciudadanos de saber qué hace y cómo gasta su gobierno. Pero la aritmética legislativa fue implacable. La bancada de oposición careció de fuerza y votos para frenar este impulso que, dicen sus promotores, moderniza el marco jurídico; para sus críticos, profundiza la opacidad y erosiona un derecho conquistado con esfuerzo ciudadano y social.
Es particularmente doloroso observar que figuras políticas que, en su momento, lucharon desde la oposición por arrancarle al Ejecutivo el control de la información para blindarla frente a abusos de poder, hoy se convierten en sus principales verdugos. En ese listado no pueden omitirse nombres prominentes de Morena como la senadora Imelda Castro o la diputada federal Graciela Domínguez, actores que ahora respaldan una lógica de centralización y control que hace apenas años denunciaban.
El argumentar que “no se trata de Morena, se trata de fortalecer al Estado” suena a pretexto cuando el resultado real es una mayor concentración de facultades de transparencia dentro de dependencias oficiales. La lección está allí: ningún partido en el gobierno debe vigilarse a sí mismo, porque la historia y la experiencia muestran que, sin contrapesos autónomos, la tentación por ocultar, minimizar o maquillar información pública es demasiado grande.
Duele reconocerlo, pero es una realidad: la transparencia no es un lujo ni una opción, es un derecho ciudadano básico. Su recorte sistemático debilita la democracia, mina la confianza pública y reduce las herramientas con las que la sociedad puede exigir cuentas a quienes ejercen poder y manejan los recursos públicos.
Sinaloa fue pionero en la construcción de marcos sólidos de acceso a la información; hoy se distancia de ese legado. La decisión de desaparecer la CEAIP no solo altera la arquitectura institucional: representa un golpe directo a la capacidad de los sinaloenses para supervisar, cuestionar y responsabilizar a sus gobernantes.
Este grave retroceso democrático deja más preguntas que respuestas, y nadie puede asegurar cuánto tiempo tomará reconstruir —si es que aún es posible— el tejido de transparencia, participación y control ciudadano en Sinaloa y en todo México. Pero una cosa es cierta: la pérdida de derechos adquiridos nunca pasa desapercibida, y sus efectos se sentirán mucho después de que los aplausos políticos se hayan disipado.
Frente al Poder 